“Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente.
La inteligencia no es sólo información, sino también juicio,
la manera en que se recoge y maneja la información”
Carl Sagan
“Quien tiene la información, tiene el poder” decía el viejo dicho que ha dejado de ser cierto. De nada sirve la información si no está organizada y disponible, sistematizada, ordenada y puede ser explotada de manera eficiente.
Dos casos, tres diputadas del Congreso de Nuevo León, nos dan muestra clara del desconocimiento absoluto del manejo de la información.
Primero, Patricia Salazar y Karina Barrón presentaron una iniciativa de reforma al Código Civil en donde buscan exigirle al Estado la creación de una base de datos con la que quede inscrito, en las actas de defunción, si la muerte de una mujer fue por violencia de género.
Me cuestiono, ¿qué tiene que ver el documento histórico y personal que es una acta de defunción con una labor técnica investigativa de prevención de delitos? En todo caso la base de datos debería llevarla la Procuraduría y podría ser apoyada por el Instituto Estatal de las Mujeres, ¿pero el Registro Civil? ¿A nivel de ley?
Y para que vea usted el nivel de incompetencia y desconocimiento, la nota periodística resalta: “Salazar dijo que es importante que se aclare en el acta la causa de la muerte, porque ese es un buen elemento para tener estadísticas que permitan revertir el incremento en la violencia de género”.
El segundo caso: desde hace tiempo diversas organizaciones traen pleito porque quieren ser “la novia de la boda”, “el niño del bautizo” y “la quinceañera de la fiesta” en temas de vialidad y por ello han promovido la creación de un “Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial”, mismo que fue aprobado por mayoría en el Congreso del Estado e impulsado por la diputada Rosalva Llanes.
El ente será un órgano de participación ciudadana, de colaboración y consulta y tendrá como objetivo reducir la tasa de mortalidad derivada de la violencia vial y ayudará en la prevención de accidentes viales en coordinación con las autoridades municipales, estatales e instituciones privadas.
Como diría el cómico “Manolín”: “¡Qué bonito y qué curioso!”.
Pero más simpática aún la declaración de la diputada Llanes y de Ricardo Cantú Jauckens, presidente de NACE y miembro del Consejo de Participación del ICV, quienes muy orondos, como diría mi querida María Julia, afirman que se podrían tener los primeros resultados del Observatorio para finales del próximo año”.
Perdón, pero su idea y plataforma me parecen limitadas, muy limitadas y sus tiempos largos, muy largos, porque los accidentes se suceden a diario, porque una base de datos así debería aportar mayor información, porque sería posible detectar puntos de riesgo y determinar si existe una falla de diseño o construcción que incida en los hechos; con un accidente que se impida, estaríamos ganando, pero para eso no ocupan un año.
Lo peor es que los datos los tienen, basta extraerlos de la información sobre multas con las que ya cuenta el ICV, pero claro, hay que organizar, sistematizar y alimentar.
No saben, no le entienden y lo peor, pagan costosos asesores que no les sirven para maldita la cosa.
