“La más estricta justicia no creo que sea siempre la mejor política”
Abraham Lincoln
Se equivoca la consejera del INE Pamela San Martín cuando asegura que los gastos por la elección extraordinaria por la alcaldía de Monterrey ordenada por el Tribunal Electoral federal, deben ser cubiertos por el Estado.
¿Por qué diantres tienen que pagar los habitantes de Anáhuac o los de Mier y Noriega otra vez y subrayo el “otra vez”, por la incapacidad, ineficiencia y descuido de las propias autoridades electorales en el manejo y custodia de los paquetes electorales en la elección ordinaria?
¿A quién le cobramos el dinero que dilapidó y no desquitó?
Pontificar desde la comodidad de su oficina en la capital debe ser bastante cómodo consejera, pero la realidad es muy distinta y sobre todo muy distante de su orden que no admite discusión o diálogo alguno.
En el más práctico de los casos el quid se centra en que el Estado no se niega a pagar, pero no tiene los recursos para enfrentar un proceso fuera de agenda, que no es culpa ni del Estado ni de los ciudadanos, sino de una pelea entre los partidos que llevaron a judicializar una elección y un tribunal que se la pasó dando vueltas y reveses, como si fuera tejido de estambre, a unos comicios.
Repito mi propuesta de ayer, que los pague el INE con una parte mínima e irrisoria de las multas que les cobra a los partidos políticos y cuyo destino desconocemos los mexicanos.
Pamela San Martín debería asumir la parte de responsabilidad que le corresponde porque a final de cuentas todo este embrollo es por culpa de los árbitros que no saben estar a la altura de los procesos, que les fallaron a los ciudadanos que actuaron como funcionarios de casilla y a los cientos de miles que acudieron a depositar su voto en las urnas.
Hacer que ahora todos paguemos los platos rotos por su impericia e irresponsabilidad es una vergüenza que no debe acabarse con una simple explicación burda y boba de la ley que, para colmo, tampoco tenía previsto este escenario.
